Un Gobierno que apuesta por el diálogo social

Un Gobierno que apuesta por el diálogo social

La militancia opina | José

La Constitución Española reconoce el papel institucional de las organizaciones sindicales y empresariales, configurándolas como uno de los pilares básicos de nuestro Estado social y democrático de Derecho. En este sentido, las consagra en el artículo 7 como organizaciones básicas dentro del sistema político, refiriéndose a su participación en la vida económica y social para la defensa y promoción de los intereses que les son propios. Por su parte, el artículo 9.2 de la Constitución dispone que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. De igual manera, el artículo 129.1 de la Constitución dispone la necesidad de establecer formas de participación en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar general.

La mencionada participación institucional está igualmente reconocida en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que en su artículo 15 reconoce a los aragoneses el derecho a participar en los asuntos públicos y, concretamente en su apartado tercero, dispone la obligación de los poderes públicos aragoneses de promover la participación social en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y colectiva en el ámbito cívico, político, cultural y económico.

Este reconocimiento del papel institucional de las organizaciones empresariales y sindicales se enmarca en la línea de facilitar procesos de concertación y diálogo social, extendiéndose la interlocución de los agentes sociales en el marco de la participación institucional más allá de la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y del empresariado. Se trata de tener en cuenta a los agentes sociales para la adopción de medidas que van a afectar al conjunto de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma.  Esta situación no ha sido ni de lejos siempre así, incluso con gobiernos de mayorías con capacidad suficiente para así haberlo hecho.

Existe en Aragón una amplia tradición de Diálogo Social que se ha materializado en diversos acuerdos formalizados con los agentes sociales, desde  el primer Acuerdo Socioeconómico de Aragón de 1989. La elección, siempre, de un sistema de cooperación tripartito, integrado por las organizaciones sindicales, las asociaciones empresariales y el Gobierno de Aragón, se fundamenta en una concepción y forma de participación en la que se garantiza el reconocimiento de la legitimidad, la representatividad, la autonomía y la preservación de la identidad de todos los actores que confluyen al diálogo y se ha materializado en la participación de los agentes sociales en la toma de decisiones y en la gestión de los asuntos públicos a través de órganos de naturaleza representativa y participativa.

El 28 de septiembre de 2015 el Gobierno de Aragón presentó una declaración institucional suscrita por los agentes sociales, tras haberse producido una paralización del proceso de Diálogo Social en la anterior legislatura.

La semana pasada, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, junto a los máximos responsables del de UGT Aragón, Daniel Alastuey; CCOO Aragón Manuel Pina; CEOE, Fernando Callizo y CEPYME, Aurelio López de Hita presentaron el borrador de la Ley  de Diálogo Social y participación institucional de Aragón.

La futura ley, que ha sido consensuada por el Gobierno y los agentes sociales pretende asegurar la estabilidad y la continuidad del Diálogo Social y la participación institucional de los agentes sociales y económicos en los asuntos públicos- avalada por la Constitución y el Estatuto de autonomía- con el fin de promover el progreso socioeconómico de Aragón.

Ha sido este gobierno, presidido por Javier Lambán el único que ha tomado el dialogo social como un valor esencial de nuestra comunidad y por ello las iniciativas tomadas por este gobierno y su presidente, pretender elevar esta cuestión vital para el desarrollo de Aragón a rango de Ley.

Tiempos pasados y gobiernos de mayorías pasadas, pero de susurro y no dialogo social fueron incapaces de elevar el dialogo social al rango que se merece, ha sido este gobierno y su presidente javier Lamban el único que pretende poner en valor con rango de Ley el dialogo social en Aragón.